S. E. el Sr. Nabil Fahmy acoge con satisfacción la decisión del Reino Unido de prohibir el comercio de productos procedentes de los asentamientos israelíes

Su Excelencia el Sr Nabil Fahmy, Secretario General de la Liga de los Estados Árabes, acogió con satisfacción la decisión del Reino Unido de prohibir el comercio de productos fabricados en los asentamientos israelíes ilegales, así como la intención manifestada por 12 países amigos de adoptar medidas similares mediante la imposición de restricciones al comercio de productos procedentes de asentamientos establecidos en violación del derecho internacional.

Su Excelencia el Sr Fahmy describió estas medidas, recogidas en una declaración clara de dichos países, como un paso en la dirección correcta para hacer frente al sistema ilegal de asentamientos de Israel y restablecer una cultura de rendición de cuentas, en lugar de hacer la vista gorda ante el flagrante desprecio del Gobierno ocupante por el derecho internacional.

El Secretario General destacó que la adopción de medidas concretas y prácticas para hacer frente al sistema de asentamientos, que pretende socavar la solución de dos Estados, refleja un creciente reconocimiento por parte de todos los actores concernidos de la gravedad de los acontecimientos en el territorio palestino ocupado.

Entre ellos se encuentran el sistema de apartheid establecido por la ocupación, así como el desencadenamiento del terrorismo de los colonos contra civiles palestinos desarmados, bajo la protección y con el aliento del Gobierno israelí.

Su Excelencia el Sr Fahmy hizo un llamamiento a todos los Estados que siguen comprometidos con el derecho internacional y con la solución de dos Estados como único medio para resolver el conflicto entre Palestina e Israel a sumarse a la valiente posición adoptada por el Reino Unido, tal como queda claramente reflejada en la declaración emitida por los 12 países.

El Secretario General subrayó que la adopción de medidas prácticas y tangibles contra el sistema racista de asentamientos obligaría a la Potencia ocupante a tener en cuenta el coste de sus prácticas ilegales, tras años en los que han estado ausentes tanto la rendición de cuentas como la perspectiva de afrontar sus consecuencias.